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Artículos y Actualizaciones Legales

'Chringuitos'

Estamos en época estival y mucho de los lectores estarán pasando el verano refrescándose en los innumerables chiringuitos instalados a lo largo de la costa española.

Por este motivo, me ha parecido interesante traer a colación una sentencia dictada por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de julio del presente año.

La sentencia versa sobre la legalidad de la disposición transitoria 26ª del Reglamento General de Costas que establece lo siguiente: “los ocupantes de terrenos de dominio público marítimo-terrestre destinados a las actividades o instalaciones a las que se refiere el artículo 61.2 de este reglamento, cuya concesión se hubiera extinguido por el vencimiento del plazo para el que se hubiera otorgado, o estuviera en tramitación, que a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo , mantuvieran su actividad o instalación abierta, tendrán preferencia para obtener la correspondiente concesión siempre que la soliciten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento”.

En síntesis, lo que viene a decir esta disposición transitoria es que los actuales concesionarios de chiringuitos tienen preferencia para obtener la concesión de los mismos siempre que se solicite en los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento. Pues bien es esta preferencia la que se ha puesto en duda ante el Tribunal Supremo que, después de analizar profundamente el texto de la disposición impugnada, ha decidido anularla con las consecuencias que veremos a continuación.

La cuestión a elucidar en el fondo del asunto, a saber, si está justificada una cláusula como la disposición transitoria vigesimosexta que por beneficiar a los actuales ocupantes de terrenos de dominio público marítimo-terrestre que mantenían su actividad o instalación abierta, atribuye a éstos una posición de ventaja y si, en definitiva, resulta proporcionada y adecuada a los fines perseguidos la atribución por la indicada norma de dicha posición de ventaja. Porque, si dados los genéricos e indeterminados términos en que se configura el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a los actuales ocupantes de terrenos pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, se confiere a éstos una posición de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato, en la medida en que, si no determina el otorgamiento automático de la concesión a aquéllos, tampoco lo impide e incluso da lugar al expresado resultado en términos prácticamente inexorables.

Por ello y al no establecer factor o criterio alguno que venga a acotar los términos en que la preferencia pudiera hacerse valer y consentir por tanto a partir de tal grado de indeterminación que pueda venir a prevalecer aquella de modo absoluto e irresistible, convirtiendo a quienes no ostentan otra posición que la de meros precaristas en auténticos concesionarios, la disposición transitoria vigesimosexta impugnada aparece desprovista de la justificación objetiva y razonable que le es exigible y desatiende, en suma, las exigencias dimanantes de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad.

A estos efectos el Tribunal Supremo viene a recordar que como resultado de las nuevas disposiciones legales, se han ampliado a setenta y cinco años los plazos máximos de duración de las, así como los del otorgamiento de las prórrogas correspondientes lo que hace aún más injustificada esta preferencia.

Concluye el Tribunal manifestando que el reconocimiento del derecho de preferencia contemplado por la disposición transitoria vigesimosexta, no goza del necesario respaldo en el texto legal de referencia. De tal manera, al carecer de cobertura normativa suficiente en la Ley de Costas, dicha disposición transitoria trasciende de lo legalmente previsto e incurre en un vicio de “ultra vires”, Se excede respecto del cometido propio que tiene asignado todo reglamento, en tanto que no limita su función a servir del complemento normativo indispensable para que las previsiones legales que desarrolla puedan llevarse a efecto y resultar operativas.

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