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Graduados sociales se plantan ante la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

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Desde el Consejo General de Graduados Sociales se reclama que los profesionales de este gremio puedan ofrecer unos servicios que, en opinión de la institución, son fundamentales para garantizar el derecho de defensa y del acceso a la justicia, se tenga o no recursos, es vital para el adecuado funcionamiento de un Estado. Pero, ¿dónde prestan sus servicios y de qué forman ejercen su función los graduados sociales? Si bien probablemente casi todos nuestros lectores lo sepan, queremos aprovechar la ocasión para hablar sobre esta profesión. Estas personas suelen desarrollar asesoramiento jurídico laboral y fiscal a las empresas, trabajadores y a todos los ciudadanos en general. También incluye su representación técnica ante órganos judiciales del Orden Social así como ante los Juzgados de lo Mercantil en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores afectados por un concurso. Su formación profesional les avala.

Los estudios se desarrollan en las Facultades de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de toda España, donde se estudia el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social así como otras disciplinas relacionadas con la materia (Derecho Civil, Administrativo, Fiscal…).

Este colectivo presta, por iniciativa propia en muchos casos un servicio de Asistencia Jurídica Gratuita a través de los Colegios Provinciales, ofreciendo asesoramiento que tiene mucha demanda. Desde el Consejo General se apoyan estas iniciativas, especialmente necesarias en época de crisis.

Y es que ahora, cuando las cosas no funcionan todo lo bien que nos gustaría, los Graduados Sociales reclaman su posición dentro de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que el Ministerio de Justicia pretende reformar. Consideran una autentica discriminación el hecho que a estos profesionales del Derecho no se les permita prestar este servicio, en iguales condiciones que el resto de las profesiones jurídicas, cuando la pretensión de este colectivo de envergadura (25.000 colegiados) es la de colaborar con la sociedad a cambio solamente de un reconocimiento social dentro de la norma jurídica considerando dicha ausencia como absurda y no ajustada a la realidad del momento.

Fuente: Diario Jurídico