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Artículos y Actualizaciones Legales

La mal llamada Amnistía Fiscal

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La disposición adicional primera del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 marzo por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, establece para los contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no residentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, la posibilidad de presentar una declaración tributaria especial con el objetivo de “regularizar” su situación tributaria. Puede apreciarse como la propia ley habla de regularización y no de amnistía fiscal y de ahí el título de nuestro artículo. Efectivamente una amnistía significa la exención total del pago del tributo mientras que una regularización significa la puesta al día de un impuesto no pagado mediante el ingreso de la correspondiente cuota tributaria. Otra cosa distinta es el tipo impositivo aplicable a la regularización que en este caso asciende al 10%. Claramente dicho tipo impositivo resulta beneficioso en comparación con el que hubiera tenido que aplicarse si los contribuyentes que ahora se acojan a esta disposición hubieran cumplido en su momento con sus deberes fiscales. Este beneficio justifica la mala acogida que la regularización fiscal haya podido tener en la sociedad española pero en ningún caso podemos hablar de “amnistía”.

Los motivos por los que se da dicha regularización son muy claros desde el punto de vista político aun cuando, como ya hemos señalado, puedan ser considerados injustos por gran parte de la sociedad. Sin embargo esta diferencia impositiva debido a diferentes criterios políticos no es nueva en nuestro derecho y normalmente se han aceptado sin ninguna discusión. Por ejemplo el artículo 68 de la LIRPF permite deducir el 50% de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla.

El artículo 33 de la ley del Impuesto sobre el Patrimonio permite bonificar en un 75% la parte de la cuota tributaria que proporcionalmente corresponda a los bienes o derechos existentes en estas localidades (Ceuta y Melilla).

En las Islas Canarias existe un régimen económico y fiscal diferente al resto del territorio. Una de sus características más destacadas es la sustitución del Impuesto sobre el Valor Añadido por el Impuesto General Indirecto Canario. Existen muchos tipos impositivos para este impuesto general indirecto de Canarias pero todos ellos son bastantes más reducidos que los que existen para el Impuesto sobre el Valor Añadido en el territorio peninsular.

En las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra existen también impuestos específicos y diferentes que en general conllevan a un mejor trato fiscal a los residentes en estos territorios.

Sin embargo nadie dice nada contra de estos auténticos “privilegios fiscales” de los que disfrutan diferentes partes del territorio nacional siendo así que, al igual que la regularización fiscal que comentamos, suponen un trato desigual entre personas residentes en el mismo Estado. De ahí que a todas aquellas personas que puedan escandalizarse por estas medidas del nuevo gobierno deberíamos recordarle la existencia de estas desigualdades fiscales perfectamente consentidas y consolidadas desde hace ya varios años sin que nadie haya dicho nada en contra.

Entrando ya en el análisis de esta regularización fiscal señalamos sus principales características:

1. Los contribuyentes anteriormente mencionados en el párrafo primero de este artículo, podrán presentar la declaración siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición esto es el 31 de diciembre de 2010, lo que plantea el problema de probar dicha titularidad a dicha fecha.

2. La cuantía a ingresar por esta regularización asciende al 10 por ciento del importe de los bienes o derechos que se regularicen. Dicho importe coincidirá con su valor de adquisición.

El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos.

Junto con esta declaración deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.

3. El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 134 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

4. No resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos.

5. El plazo para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012.

6. El modelo para efectuar la declaración es el 750, objeto de regulación mediante la orden ministerial de 31 de mayo de 2012 publicada en el Boletín Oficial del Estado del 4 de junio.