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Artículos y Actualizaciones Legales

Blanqueo de capitales

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Con la Ley 10/2010 de 28 abril se da otra vuelta de tuerca, una más, a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con la publicación de esta ley se persigue el objetivo de trasponer a la legislación nacional las Directivas del Parlamento y Consejos europeos y unificar la legislación nacional que por una parte regulaba la prevención del blanqueo de capitales mediante la ley 19/1993 y por otra la prevención de la financiación del terrorismo mediante la ley 12/2003.

Según la propia Exposición de Motivos de la ley, la política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de los ochenta como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Por tanto parecería que las regulaciones para la prevención del blanqueo parecen referidas únicamente a los capitales provenientes del tráfico ilegal de drogas. Sin embargo esto no es así ni en el desarrollo posterior de la ley ni en las sucesivas disposiciones que se han venido dictando tal y como tendremos ocasión de ver a lo largo de la serie de artículos que vamos a dedicar a este tema.

Éste origen limitado a los capitales derivados del tráfico ilegal de drogas en realidad se ha convertido en un enorme cajón de sastre donde puede ser incluido el blanqueo de cualquier capital que pueda considerarse "ilegítimo" a los ojos de la legislación española. En algún artículo anterior hemos puesto la gran paradoja que podría darse en el hecho de que un residente en Suiza (donde no existe el delito fiscal) podía verse imputado por un delito de blanqueo de capitales en España por el mero hecho de no haber satisfecho los impuestos en su país de origen.

El segundo supuesto que trata de impedir la nueva ley es la financiación del terrorismo. A este respecto no tenemos crítica alguna que establecer porque la definición de terrorismo es clara y contundente.

Sin embargo se ha aprovechado también para establecer una serie de medidas preventivas contra las llamadas "personas con responsabilidad pública" lo cual no deja de ser un tanto grotesco por la propia consideración que le merece a la ley dichas personas públicas a las que considera inicialmente "sospechosas" y contra las que hay que tomar medidas reforzadas de diligencia debida según el artículo 14 de la ley.

Estas personas las define la ley como aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes: los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.

Además de ellos son objeto de las medidas preventivas los familiares más próximos entendiendo como tales al cónyuge o la persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad.

Termina la relación incluyendo también a las personas reconocidas como allegados entendiendo por tales a toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con alguna de las personas con responsabilidad pública, o mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con las mismas, u ostente la titularidad o el control de una persona o instrumento jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de las mismas.

Como podrá comprobarse bajo la excusa de la prevención del blanqueo de capitales con origen en tráfico de drogas y de la financiación del terrorismo, hemos llegado ya a tomar medidas contra las personas que hayan tenido responsabilidad pública dado que inicialmente son sospechosos en cualquier relación de negocio u operación en la que intervengan. Además se incluyen dentro de la Sección tercera del capítulo II con el título "medidas reforzadas de diligencia debida".

En sucesivos artículos iremos examinando las disposiciones de esta ley y veremos todos los nuevos requisitos que han de adoptarse por parte de los sujetos obligados a aplicar las medidas preventivas.

 

_Artículo publicado por Luis Babiano Álvarez de los Corrales en www.sotograndedigital.com el día 18 de enero de 2011_