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Los coletazos legales del Prestige

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Parece mentira pero hace más de ocho años que el petrolero monocasco Prestige abanderado en las Bahamas y certificado por la sociedad norteamericana clasificadora de buques American Bureau of Shipping (ABS) se hundió frente a las costas gallegas originando no sólo uno de los mayores desastres ecológicos de Europa sino también uno de los pleitos marítimos más importantes de la historia. Ha sido definido en los medios legales marítimos como "el caso marítimo del siglo". Aunque en el momento en que se produjo el evento tuve una gran curiosidad por analizar las consecuencias legales, cierto es reconocer que lo había olvidado por completo. Sin embargo leyendo la revista de la Asociación de Abogados del Estado de septiembre he vuelto a recobrar el interés por este asunto. Pues bien, a pesar del tiempo transcurrido del hundimiento, el proceso legal no ha hecho nada más que comenzar. El Estado español, a través de la Abogacía del Estado, contrató los servicios de un destacado jurista de origen cubano del despacho norteamericano Squire, Sanders & Dempsey; reconocido por haber participado en los más importantes asuntos marítimos de todo el mundo.

El proceso legal se sigue en Estados Unidos porque el Estado español considera responsable a la sociedad clasificadora de buques y al tener esta su domicilio en el estado de Nueva York allí es donde se está viendo el pleito. Todo el tiempo transcurrido se ha utilizado en determinar cuál es la jurisdicción competente para conocer del caso porque la duda estribaba entre la jurisdicción norteamericana, la española o la de Bahamas. Finalmente y a pesar de una sentencia inicialmente contraria, la corte de apelaciones de Estados Unidos aceptó la tesis del estado español y consideró que la jurisdicción competente era la de Estados Unidos.

El segundo punto que se está actualmente discutiendo, una vez determinada la jurisdicción aplicable, es dilucidar la ley marítima aplicable. La opinión española es que es aplicable la ley marítima de los Estados Unidos porque entiende que la responsable final del accidente fue la sociedad clasificadora al permitir la navegación del buque en las lamentables condiciones en las que se encontraba (en términos legales marítimos se dice que se encontraban condiciones "subestandard"). Fundamentalmente porque era un petrolero monocasco cuando en la actualidad han prácticamente desaparecido al ser sustituidos por los petroleros de doble casco. Además el buque fue inspeccionado periódicamente conforme a las reglas de la sociedad clasificadora, siendo algunas de estas inspecciones desarrolladas en Estados Unidos y ejecutadas por peritos de ABS entrenados en Estados Unidos. Por su parte la sociedad clasificadora ABS entiende que la ley de la bandera del buque, las Bahamas, debe prevalecer. Alternativamente arguye que serían aplicables la ley de China o de los Emiratos Árabes porque fueron los lugares donde se cometieron los actos de negligencia durante los peritajes llevados a cabo en las diferentes inspecciones. Actualmente se está a la espera de una decisión de los tribunales norteamericanos sobre este punto.

La tercera cuestión a debatir es determinar si las convenciones internacionales eximen a las sociedades de clasificación de responsabilidad en este tipo de accidentes. A favor de la no exención está el precedente del Erika en el que los tribunales franceses decidieron que tales sociedades clasificadoras no están exentas de responsabilidad por su negligencia. El inconveniente estriba en que se trata de un precedente de derecho continental y no anglosajón lo que puede plantear dificultades en su aplicación dentro del territorio norteamericano. Sin embargo la opinión pública mundial exige terminar definitivamente con la navegación de estos buques en condiciones lamentables que causan desastres tremendos de los que en principio nadie parece ser responsable. Si finalmente se consiguiera la condena de una sociedad clasificadora tan importante como a la que nos estamos refiriendo, seguramente se acabaría con la práctica de clasificar barcos que no cumplen las condiciones de seguridad requeridas y éstos dejarían de navegar y de causar accidentes tan graves. De todas formas el procedimiento no ha hecho nada más que empezar y desgraciadamente aún nos quedan algunos años para conocer su resultado final.

__Este artículo ha sido escrito por Luis Babiano Álvarez de los Corrales, socio fundador del Bufete Abogados Babiano Abogados, publicado en Sotograndedigital__