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Artículos y Actualizaciones Legales

Los delitos de las personas jurídicas

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De todos es conocida la clásica distinción entre las personas físicas y las jurídicas; siendo estas últimas una creación formal del derecho para dotar de personalidad jurídica a entidades que cumplen diferentes finalidades. Esta personalidad jurídica posibilita que las personas morales o jurídicas puedan ejercitar derechos, queden sujetas a obligaciones e intervengan en el tráfico jurídico en similares términos de las personas físicas. Como estas últimas las personas jurídicas nacen (se constituyen), viven y mueren (se extinguen o liquidan) y en general son asimilables a efectos legales.

 Sin embargo una de las grandes diferencias entre ambos tipos de personas era que las jurídicas no tenían responsabilidad penal por el principio de "personalidad" de las penas. Las personas morales no tienen voluntad como tales sino que la misma se constituye mediante la suma de las diferentes voluntades individuales de las personas físicas que la componen. Esta situación ha cambiado dramáticamente con la publicación en el BOE del pasado 22 junio 2010 de la Ley Orgánica 5/2010 por la que se modifica el Código Penal.

Ahora según el artículo 31 bis del citado Código las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por los representantes legales y administradores de hecho de derecho. Igualmente en los mismos supuestos las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas administradoras de hecho de derecho, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendido las concretas circunstancias del caso. Es decir que la ley contempla dicha responsabilidad penal en dos casos: el provecho para la sociedad y el descontrol de las personas responsables de dicha sociedad.

Una de las características de la nueva regulación penal es la independencia de responsabilidades entre la persona jurídica y las personas físicas que la administren por lo que será perfectamente compatible la existencia de dos delitos diferentes por unos hechos iguales. El primero cometido por la persona jurídica y el segundo cometido por la persona física que ejerce el control sobre esta.

La otra característica es la limitación de los posibles hechos delictivos por lo que la persona jurídica pueda ser condenada y por tanto existe una lista cerrada de delitos, referidos fundamentalmente a delitos económicos, medioambientales, urbanísticos, cohecho, tráfico de influencias o corrupción en las transacciones internacionales, delitos de tráfico de órganos, trata de seres humanos, prostitución, corrupción de menores, financiación de terrorismo o ataques a la salud pública. Esta es una gran diferencia con la responsabilidad personal de las personas físicas que pueden cometer cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal.

Las penas que se proponen son las de multa, disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades por un plazo no superior a cinco años, clausura de sus locales o establecimientos por un período no superior a cinco años, prohibición de realizar las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas e intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores. Existen también circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal tal y como haber procedido a confesar la infracción antes de conocer que se ha iniciado el procedimiento judicial, haber colaborado en la investigación del hecho, haber procedido a reparar o disminuir el daño causado por el delito y haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse.

Todas estas normas sin embargo tienen una excepción y es que no serán responsables penalmente el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, partidos políticos y sindicatos y organizaciones internacionales de derecho público.

Es claramente criticable esta excepción a la general responsabilidad penal porque no se entiende muy bien por qué un delito ecológico cometido por una empresa pública va a ser diferente del cometido por una empresa privada. O porque un delito de los contemplados en el Código Penal cometido por un partido político no va a tener la misma responsabilidad que el mismo delito cometido por una empresa privada. Una vez más se impone la política de que los otros hagan lo que uno no quiere hacer. En vez de predicar con el ejemplo, las propias autoridades públicas que están más obligadas desde el punto de vista moral que ninguna otra entidad a cumplir fiel y escrupulosamente con la ley, queden exentas de responsabilidad.