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Artículos y Actualizaciones Legales

La dignidad de las instituciones

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Estamos asistiendo, en mi caso perplejo, a una erosión continuada y muy grave del respeto y la dignidad de las instituciones del Estado que desde mi punto de vista están afectando y, lo que es peor, van afectar de manera muy importante a nuestro sistema democrático.

El problema comenzó ya en los tiempos del gobierno de Felipe González cuando forzó al Presidente del Tribunal Constitucional a legalizar el decreto de expropiación de Rumasa con su voto de calidad. Para los que estuvimos directamente implicados (yo entonces estaba de Abogado del Estado en Jerez y me nombraron administrador único de Zoilo Ruiz Mateos SA -- cabecera del grupo en Jerez de la Frontera--) aquel decreto ley expropiatorio fue una auténtica barbaridad jurídica. Hubo muchos que pensamos que bastaba con la intervención de los bancos del grupo -- medida normal y contemplada en la legislación de aquel entonces-- para evitar los daños a la economía que se pretendían evitar con la expropiación singular.

Aquello pasó pero tuvo grandes consecuencias ya que los ciudadanos de a pie nos dimos cuenta que el Tribunal por excelencia, que se suponía nos iba a defender a todos los ciudadanos en nuestros derechos individuales, se plegaba a las exigencias del poder político a las primeras de cambio dejando muy gravemente dañada la imagen de la institución.

Desde entonces hemos venido asistiendo a una pérdida del respeto a las instituciones fundamentales de nuestro Estado, unas veces por actuaciones propias como las que hemos comentado y otras, las más, por actuaciones de otras instituciones del mismo Estado. Pero siempre y en todos los casos se han tratado de cuestiones políticas que se han desnaturalizado por completo de su origen inicial para adaptarlas al interés transitorio y temporal de cada política en particular.

En el origen del problema creemos que se encuentra la falta del sentido de estado de nuestros actuales gobernantes y una cierta "prepotencia" del político elegido en las urnas que entiende que su "legitimidad" es más buena y de mejor calidad que la legitimidad de otras instituciones no sometidas al control de tales urnas. Por supuesto que nadie discute que la base de una democracia es la posibilidad de que sus ciudadanos elijan a sus gobernantes pero esto no supone que el gobernante elegido esté legitimado para hacer lo que a él le convenga con independencia del resto de las reglas del juego. No tenemos nada más que pensar que Hitler accedió al poder democráticamente y nadie puede pensar que su régimen nazi pudiera estar legitimado por haber sido elegido inicialmente por su pueblo.

Esta idea creemos que está en el origen de la mayor parte de las actuaciones que estamos comentando. Como ha sido elegido por el pueblo tiene derecho a hacer y decir lo que le convenga sin pensar en las consecuencias y con total y absoluta inmunidad. Los nacionalistas catalanes se basan en que su Estatuto fue aprobado en referéndum (aunque no lo votó más que una tercera parte de los ciudadanos catalanes con derecho a voto) para decir que no van a aceptar la sentencia que se dicte por el Tribunal Constitucional. Por otra parte el problema del estatuto es una patata caliente que el gobierno ha pasado al Tribunal Constitucional sabiendo, como sabía, que en el mismo se incluían muchos aspectos no constitucionales. Pero el político de turno prefirió dar una salida ficticia e ilegal a un problema planteado en un momento concreto sin pensar que el resto de las instituciones del Estado que gobierna se iban a resentir por ello. En vez de asumir su responsabilidad política ha preferido que se queme el Tribunal Constitucional una vez más.

Un periódico descubrió una cena entre el juez Garzón, el Ministro del Interior y el policía que estaba investigando el caso Gürtel el viernes en el que el juez había mandado a la cárcel a los implicados en el proceso para interrogarlos el lunes. En cualquier país democrático esta mezcla de intereses hubiera dado lugar a un escándalo mayúsculo pero aquí únicamente dimitió el Ministro por asistir a una cacería ilegal. Como consecuencia de ello, recientemente otro político arremete contra la Policía insinuando que se fabrican pruebas falsas. Para colmo descubrimos que la propia policía informa a ETA de una actuación policial. Y como remate la famosa e incalificable manifestación en apoyo de Garzón que se convierte en una manifestación en contra del Tribunal Supremo. Y todo ello sin hablar de las administraciones locales y autonómicas donde cada día que pasa descubrimos un caso de corrupción.

Resultado: el Tribunal Constitucional está en cuestión; el Tribunal Supremo es un representante del franquismo y ha colaborado en las torturas del mismo; el Ministro del Interior utiliza al ejecutivo para fines políticos; la Policía fabrica pruebas contra los ciudadanos e informa a los delincuentes de sus actuaciones; los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas se llenan de corruptos. ¿Qué nos queda al ciudadano? ¿Existe alguna institución que siga siendo respetada? Pues me temo que no. Y además lo que podemos hacer es muy poco: pedir y seguir pidiendo hasta la extenuación que los políticos tengan sentido de estado y manifestar una y otra vez que su elección en las urnas no es una carta en blanco para hacer lo que le convenga a su interés particular.