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Artículos y Actualizaciones Legales

Las falacias de la Democracia Española

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Continuando con el análisis que estamos realizando de las realidades de la democracia española para determinar si realmente estamos ante un sistema democrático con igual justicia para todos, nos detendremos hoy en el poder judicial. Las materias que vamos a tratar a continuación son de una cierta complejidad técnica por lo que voy intentar explicarlas de la manera más sencilla posible aunque mis colegas de profesión entiendan que es demasiado simplista o que le falta cierta altura técnica.

En principio el poder judicial es el último reducto que le queda al ciudadano frente a la actuación de cualquier poder público por lo que debe ser absolutamente independiente del mismo. De tal manera que la falta de dicha independencia podría suponer un grave riesgo para las garantías de los derechos de los ciudadanos. Por tanto la pregunta fundamental a resolver es ¿es realmente independiente el poder judicial dentro de la democracia española?

La respuesta creo que puede darse en dos niveles diferentes: el nivel normal, en el que encuadramos a prácticamente la totalidad de los órganos judiciales que despachan asuntos normales del común de los ciudadanos; y el nivel anormal o excepcional que serían todos aquellos asuntos o materias que tengan o puedan tener gran interés para el poder político.

En el nivel normal creo que puede entenderse que la justicia es independiente y que funciona razonablemente bien en cuanto a proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo en el plano anormal o en aquellos casos en los que les conviene al poder político, para mí queda claro que no existe dicha independencia.

Aunque tengamos muchísimos ejemplos de las interferencias del poder político en el poder judicial, creo que lo más reseñable es destacar que el Tribunal Constitucional ha dejado de ser un tribunal de justicia para convertirse exclusivamente en un tribunal político sometido a las directrices del poder que ha nombrado a sus integrantes. La forma de constituirse el llamado tribunal y la manera de nombrarse a los miembros del mismo conlleva a que lo integren auténticos "comisarios políticos" que defienden las ideas o intereses de un partido más que el principio general y abstracto de justicia. Y para ello no reparan en saltarse a la torera o bien normas claramente establecidas o bien interpretaciones judiciales de normas aceptadas pacíficamente por los que, de manera cursi, se llaman hoy operadores jurídicos.

Ejemplo muy claro de lo que afirmamos es la injustificada invasión de competencias que el Tribunal Constitucional ha efectuado de otros organismos del poder judicial tal y como es el Tribunal Supremo. Según nuestras leyes el Tribunal Supremo, como su propio nombre indica, ocupa la cúspide de la pirámide de la autoridad judicial de tal manera que sus resoluciones deberían no poder ser revisadas por ningún otro Tribunal. Según la propia ley que regula el Tribunal Constitucional éste no puede entrar en materia de jurisdicción ordinaria ya que su competencia queda limitada a determinar si algún acto o resolución de alguna autoridad va contra las normas constitucionales.

No puede, por ejemplo, como hemos visto en un anterior artículo, pronunciarse sobre la prescripción de los delitos porque es materia de jurisdicción ordinaria no constitucional. No puede convertirse tampoco en una segunda instancia en la que se admitan pruebas y se reproduzca un procedimiento llevado a cabo por el Tribunal Supremo tal y como ha sucedido en la legalización del partido político Bildu porque no se trata de una segunda instancia y la materia es también de jurisdicción ordinaria. Tampoco debería poder declarar constitucional un estatuto de autonomía siempre y cuando se aplique según la interpretación dada en la sentencia porque entonces el propio Tribunal se convierte en Cámara legislativa. Y así cientos de ocasiones en las que hemos visto que el Tribunal Constitucional se ha excedido de su competencia invadiendo las del Tribunal Supremo. Es público y notorio el enfrentamiento existente entre ambas instituciones y entiendo perfectamente el enfado que los miembros del Tribunal Supremo tienen porque las actuaciones llevadas por el Constitucional son arbitrarias y sin base legal.

La conclusión por tanto es muy clara: el poder político a través del Tribunal Constitucional influye de manera decisiva en las decisiones del órgano supremo del poder judicial hasta el punto de que modifica las mismas en función de los intereses políticos. No puede pues hablarse de independencia judicial en estos casos porque al final prevalece lo que el gobierno de turno ha decidido. Y es esta politización excesiva del Tribunal Constitucional la que ha determinado la falta absoluta de crédito que esta institución tiene no sólo en España sino en el resto del mundo civilizado. ¡Ya me gustaría a mí que nuestro Tribunal Constitucional tuviera solamente el 40% de la reputación de la que goza el Tribunal Constitucional alemán!

ARTÍCULO ESCRITO POR LUIS BABIANO ÁLVAREZ DE LOS CORRALES, SOCIO FUNDADOR DE BABIANO ABOGADOS, Y PUBLICADO EN PRENSA.