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Artículos y Actualizaciones Legales

Exigencia de responsabilidad a los gestores públicos

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Está muy extendida en nuestra sociedad la queja de la “impunidad” con la que actúan los gestores de los intereses públicos en España. Nadie alcanza a comprender cómo es posible que aquellas personas que han regido entidades de diferente naturaleza (entidades financieras, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.) en las que ha habido una deficiente por no decir negligente, gestión que ha acarreado pérdidas millonarias puedan escaparse sin que nadie les exija un mínimo de responsabilidad. Esto es así y las causas hay que buscarlas más en las pocas ganas que tienen las autoridades públicas de exigir tales responsabilidades que en la falta de previsiones legales al efecto. No se entiende muy bien porque, salvo intentar taparse los unos a los otros dentro de la clase política, no se procede a la exigencia de responsabilidades ya que los mecanismos legales son variados.

Tal responsabilidad puede exigirse en diferentes ámbitos: en el ámbito disciplinario dentro de la Administración pública; en el ámbito presupuestario y en el ámbito penal.

En el ámbito disciplinario dentro de la función pública, la ley reguladora del estatuto básico del empleado público obliga a éstos a desempeñar con diligencia las tareas que tienen asignadas y actuar acorde con una serie de principios generales que vienen especificados en la ley y de entre los que destacamos los de objetividad, responsabilidad, eficacia y honradez. La misma ley contempla también como falta grave la conculcación de tales principios y, lo que es mejor, prevé como sanción la separación del servicio de los funcionarios o el despido disciplinario del personal laboral. En consecuencia, está previsto nuestro ordenamiento jurídico que los funcionarios que incumplan gravemente sus deberes pueden ser expulsados de la función pública. Y tenemos multitud de ejemplos de incumplimiento grave de los deberes reseñados en el estatuto básico del empleado público.

En el ámbito presupuestario, la Ley General Presupuestaria obliga indemnizar a la Hacienda Pública los daños y perjuicios causados por dolo o culpa grave en la adopción de resoluciones que infrinjan dicha ley. Dicho con otras palabras: se le puede exigir al empleado público causante del daño o fraude que reintegre las cantidades que, o bien se ha apropiado, o bien ha dilapidado en perjuicio del interés público. No conocemos hasta ahora en la práctica ningún caso de aplicación de esta ley cuya normativa es muy clara al respecto.

Por último, dentro del ámbito penal existen muchos tipos de delitos que conllevan siempre la obligación de indemnizar el daño causado. Fundamentalmente debemos hacer referencia al delito de prevaricación administrativa en el que se pueden encuadrar la mayoría de las actividades a las que nos estamos refiriendo y que han causado un grave daño al patrimonio común de los españoles.

Existen otros autores que también ven una responsabilidad contable en base a lo previsto en la legislación reguladora del Tribunal de Cuentas. Según dicha legislación el responsable de un daño patrimonial causado a la Hacienda de cualquier organismo público puede ser declarado culpable y exigírsele el reintegro de las cantidades en las que se ha perjudicado dicha Hacienda.

Como se ve son muchas y variadas las posibles soluciones que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico para proceder, no sólo al castigo de los culpables de los daños patrimoniales causados, sino también para exigírseles el reintegro con cargo a su peculio personal de estas cantidades.

Y cuando se habla tanto de la transparencia en la actuación administrativa echamos de menos la puesta en marcha de estos mecanismos que resultarían ejemplarizantes para futuros políticos que puedan tener veleidades derrochadoras como los que hemos tenido en el pasado.