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Segundas residencias en caso de divorcio

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Desde la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, que introdujo el divorcio como forma de disolución del matrimonio y sus efectos, se ha discutido acerca de la posibilidad de atribuir las denominadas segundas residencias en el curso del procedimiento matrimonial. El asunto ha sido bastante controvertido hasta el punto de que ha tenido que pronunciarse sobre el mismo el Tribunal Supremo en una reciente sentencia del mes de mayo.

El supuesto de hecho partía de la base de que dentro de un procedimiento de divorcio el Juzgado había atribuido el uso de un local comercial, propiedad privativa del esposo, a la esposa que ejercía en el mismo la profesión de dentista. La sentencia había sido confirmada por la Audiencia Provincial y había llegado hasta el Tribunal Supremo.

El argumento que había utilizado tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia era que tal atribución del uso a la esposa por un tiempo determinado contribuía a la estabilidad, seguridad y mantenimiento de los hijos habidos en común en el matrimonio. Ninguna de las dos instancias había tenido en cuenta el hecho de que tal propiedad pertenecía con carácter privativo al esposo porque ya en el año 1995 los cónyuges pactaron la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales y el régimen de separación de bienes. En esta liquidación de gananciales se atribuyó a la esposa el piso que constituye la vivienda familiar y al esposo la propiedad de otro piso, que siguió siendo usada por la esposa para el ejercicio de su profesión de médico dentista, sin pago de renta alguna. En el año 2009 el esposo presenta una demanda de divorcio y solicita que se le atribuya el uso de la vivienda ocupada por su esposa como despacho profesional y que se le requiriera para su desalojo en un plazo de tiempo determinado.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación planteado por el esposo y fija la doctrina jurisprudencial firme de que los jueces únicamente pueden atribuir, conforme al artículo 91 del código civil, el uso de la vivienda unifamiliar siguiendo los criterios que establece el artículo 96 del mismo código civil. De ahí concluye el Tribunal Supremo que el uso de los segundos domicilios u otro tipo de locales que no constituyan vivienda familiar, no puede ser efectuado por el juez en el procedimiento matrimonial seguido con oposición de las partes o, lo que es lo mismo, sin acuerdo. A igual conclusión llega en el caso del derecho foral catalán conforme a lo establecido en el artículo 233-20.6 del código civil de Cataluña.

A mayor abundamiento el Tribunal Supremo efectúa otras consideraciones:

  1. La atribución de otras residencias de la familia de otros locales debe efectuarse de acuerdo con las reglas del régimen económico matrimonial que rija las relaciones entre cónyuges.
  2. La sentencia que decretó el divorcio o la separación, declara la disolución del régimen. Puede declarar también su liquidación, pero para ello debe seguirse el procedimiento del artículo 806 y siguientes de la LEC en defecto de acuerdo previo.
  3. Cuando los cónyuges se rijan por un régimen de separación de bienes, como ocurre en este caso, no se producen problemas de atribución de bienes, porque los patrimonios están claramente citados. Por ello el juez de familia no tiene competencia para atribuir el uso de bienes distintos de aquellos que constituyen la vivienda familiar.

Como consecuencia de todo lo anterior el Tribunal Supremo establece como doctrina a los efectos de unificar la de las Audiencias provinciales y por tanto constituye jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales inferiores, la siguiente: en los procedimientos matrimoniales seguidos sin consenso de los cónyuges no pueden atribuirse viviendas o locales distintos de aquel que constituye la vivienda familiar.