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Artículos y Actualizaciones Legales

Nada nuevo bajo el sol

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El título que da nombre a este nuevo artículo está referido a la polvareda levantada con ocasión de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo según la cual el pago de las cuotas correspondientes a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y por tanto debe ser satisfecho por ambos cónyuges a partes iguales. Y decimos que esto no es nuevo porque así se deduce claramente de los artículos de nuestro viejo Código Civil. Sólo una violentación interpretativa de la norma llevada a cabo por parte de las Audiencias Provinciales había levantado algunas dudas.

La sentencia del Supremo se dicta en un recurso de casación para la llamada "unificación de doctrina" y sirve para establecer la doctrina legal en caso de sentencias contradictorias dictadas por las Audiencia Provinciales que conocen en grado de apelación de las sentencias dictadas por los Tribunales de Primera Instancia.

Para entender la doctrina sentada por el Tribunal Supremo es necesario que se sepa la distinción existente entre las cargas del matrimonio (artículos 90 y 91 del código civil) y las deudas de la sociedad de gananciales (artículo 1362,2 del código civil también). En cuanto a las primeras los artículos citados las consideran como una de las menciones necesarias en el convenio regulador que las partes deben de presentar en los procedimientos de nulidad, separación o divorcio para que sea aprobado por el Juez. Las segundas están a cargo de la sociedad de gananciales cuando los gastos se originen por la adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes.

Resulta claro que si la hipoteca se ha destinado a la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda unifamiliar y si el régimen existente entre los cónyuges es el legal de gananciales, las cuotas de la misma son gastos originados por la adquisición de bienes comunes y por tanto deben ser satisfechos por la sociedad de gananciales.

Con este preámbulo creemos que resulta fácil entonces entender los argumentos de la meritada sentencia del Tribunal Supremo cuando dice lo siguiente:

Los arts. 90 y 91 CC imponen a los cónyuges en los casos de cese de la convivencia por divorcio o separación la obligación de contribuir a las cargas del matrimonio, concepto abierto que por ello mismo ha sido objeto de diversas interpretaciones por la jurisprudencia. A esta dificultad se une la cuestión relacionada con la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos y al progenitor que con ellos se quede, la inclusión de la habitación entre los conceptos que engloban los alimentos y el régimen de bienes que rige la economía del matrimonio, de acuerdo con cuya reglamentación se ha adquirido el inmueble que constituye la vivienda familiar.

En este conjunto de temas, se debe primar el factor de protección a los hijos, al que responde la regla de la atribución del uso de la vivienda y que ha producido como resultado, no deseable en general, dejar de lado las reglas del régimen de bienes que rigen la forma de su adquisición constante matrimonio para fijar la atención en los demás problemas.

De acuerdo con este planteamiento, que responde a las actuales tendencias en derecho de familia, se debe distinguir entre lo que se considera carga del matrimonio y la obligación de pago del préstamo hipotecario, que corresponde a la sociedad de gananciales y va ligado a la adquisición de la propiedad del bien.

1º La primera pregunta a que debe responder esta sentencia corresponde a si constituye o no carga familiar el préstamo hipotecario destinado a la adquisición de la vivienda familiar. La respuesta de esta Sala es negativa y así nos hemos ya pronunciado en la sentencia de 5 noviembre 2008 , donde se dice que: "a) La hipoteca que grava el piso que constituye la vivienda familiar no debe ser considerada como carga del matrimonio porque se trata de una deuda de la sociedad de gananciales y por lo tanto, incluida en el Art. 1362, 2ª CC . Por tanto, mientras subsista la sociedad, la hipoteca debe ser pagada por mitad por los propietarios del piso que grava, los cónyuges, y debe en consecuencia, excluirse de las reclamaciones formuladas por el reclamante".

Por tanto, el pago de las cuotas hipotecarias afecta al aspecto patrimonial de las relaciones entre cónyuges, porque si el bien destinado a vivienda se ha adquirido vigente la sociedad de gananciales, debe aplicarse lo establecido en el art. 1347.3 CC , que declara la ganancialidad de los "bienes adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos", por lo que será de cargo de la sociedad "la adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes". Se trata de una deuda de la sociedad de gananciales, porque se ha contraído por ambos cónyuges en su beneficio, ya que el bien adquirido y financiado con la hipoteca tendrá la naturaleza de bien ganancial y corresponderá a ambos cónyuges por mitad.

2º Deben distinguirse dos tipos de gastos que pueden afectar a la vivienda familiar: i) los relacionados con la conservación y mantenimiento del inmueble destinado a vivienda familiar, que sí tienen la categoría de gastos familiares aun después de la disolución del matrimonio, y ii) el pago de las cuotas del préstamo que ha permitido que ambos cónyuges hayan accedido a la propiedad por mitad del local destinado a vivienda en tanto que bien ganancial. Esto último está relacionado con la adquisición de la propiedad del bien y debe ser relacionado y resuelto de acuerdo con el régimen de bienes correspondiente a cada matrimonio. En todo caso, se tratará de un problema de liquidación de la sociedad de gananciales, que debe resolverse entre los cónyuges en el momento de la disolución y consiguiente liquidación del régimen. En la sociedad de gananciales existe una deuda frente al acreedor hipotecario y eso debe resolverse con los criterios del régimen matrimonial correspondiente.

3º Esta solución ha sido también adoptada por el art 231-5 del Código civil de Cataluña, que modifica el Art. 4 CF alegado por el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso. Dicho artículo, ha eliminado la consideración como cargas familiares del pago de las cuotas destinadas a la adquisición de los bienes destinados a vivienda. Además, el Art. 233-23 del mismo cuerpo legal, declara, en su párrafo primero , que en el caso en que se haya atribuido el uso o disfrute de la vivienda a uno de los cónyuges, "las obligaciones contraídas por razón de su adquisición[...] deberán satisfacerse de acuerdo con lo que disponga el título constitutivo", mientras que los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación, serán a cargo del cónyuge beneficiario del uso.

Queda claro, por tanto, que esta sentencia es perfectamente adaptada al régimen legal establecido en el Código Civil y que la polémica resuelta en la misma no tenía siquiera que haberse producido.

_Artículo publicado por Luis Babiano Álvarez de los Corrales en www.sotograndedigital.com el día 24 de mayo de 2011_