Babiano Abogados
170203-Babiano abogados-37.jpg

Blog

Artículos y Actualizaciones Legales

Identificar al titular previsto en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

blanqueo-capitales.jpg

Llegamos al último capítulo de la serie dedicada a la nueva regulación del blanqueo de capitales para analizar con cierto detalle el cumplimiento de la obligación de identificar al titular real previsto en el artículo cuatro de la ley 10/2010 que venimos comentando.

Teniendo en cuenta el público al que van dirigidos estos artículos -Despacho Abogados y abogados- nos vamos a concentrar únicamente en las actuaciones exigidas a los notarios ya que son estas normas las que mayoritariamente serán de aplicación a cualquier persona que necesite firmar una escritura ante notario.

Hay que partir distinguiendo entre lo que se considera titular real en el caso de que sea una persona física la que otorgue el documento público o que sea una persona jurídica la otorgante. En el primer caso el titular real es la persona física por cuya cuenta se pretende establecer una relación de negocio o intervenir en cualquier operación. En este caso el Notario debe indagar si la persona física actúa por sí misma o en representación de un tercero tratando de identificar los llamados negocios de carácter "fiduciarios".

Más compleja es la identificación del titular real en el caso de las personas jurídicas. Teóricamente la ley considera como titular real a la persona física que posea el control de la persona jurídica en un porcentaje superior al 25%. Y este control a su vez puede ser directo o indirecto habiéndose de tener en cuenta que la titularidad de este porcentaje puede pertenecer a otra persona jurídica o física interpuesta.

Por tanto, y dado que la única forma que tiene el Notario de conocer directamente el titular real de la inversión es cuando haya intervenido por ejemplo en la constitución de la sociedad compradora, lo normal es que únicamente se pueda obtener información a partir de las manifestaciones del representante de la persona jurídica. Por este motivo el Notario debe preguntar al representante si existe o no titular real. Si la respuesta es que no, se dejará constancia en la forma prevenida reglamentariamente. Si el representante manifiesta que existe un titular real, el Notario debe recabar todos los datos identificativos del mismo y dejar constancia en un acta. Si la contestación del representante es que desconoce si existe o no titular real entonces al notario le está prohibido autorizar la escritura pública y ésta no podrá otorgarse.

Es evidente que la identificación del titular real en la misma escritura puede causar problemas a una de las partes intervinientes ya que no podrá mantener la confidencialidad de los datos. Por ese motivo se prevé una doble solución: dejar constancia de los datos del titular real en un documento público distinto de aquel que provoca la obligación de identificarlo y la posibilidad de dejar constancia de tales datos en un acta independiente para que con carácter general todas las operaciones realizadas por esa persona jurídica en concreto cumplan con sus obligaciones de identificación del titular real. Ésta acta a su vez puede servir para acreditar el titular real en operaciones que necesiten ser autorizadas por otros notarios.

Para operativas en la que exista una ausencia total de riesgo el instrumento público puede ser sustituido por un documento privado con la firma legitimada por el Notario. Esta circunstancia de acreditación mediante documento privado debe hacerse constar en el instrumento público que obliga a identificar al titular.

Para las operaciones de riesgo es imperativo que el titular se haya identificado mediante instrumento público protocolar distinto del que se autoriza o interviene. En dicho instrumento deben incorporarse los documentos que acrediten la identidad del titular real y en el caso de que se nieguen dichos documentos el Notario no podrá proceder a autorizar el acto o negocio.

Existen algunas excepciones a la obligación de identificar al titular real tales como entidades de derecho público de los estados miembros de la Unión Europea; bancos y entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea y sociedades que cotizan en bolsas o mercados de la Unión Europea.