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Sobre el derecho a la intimidad de la información almacenada en un ordenador personal

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La AP Madrid condenó a una persona como autora de un delito de corrupción de menores en su modalidad de distribución de pornografía infantil. Los sucesos, en resumidas cuentes, son los siguientes: se encontró en un ordenador personal material pornográfico, hallazgo llevado a cabo por el encargado de la tienda de informática a la que el condenado había llevado su computadora para repararla. Se presenta recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que confirmó en casación la condena impuesta. ` En nuestro Despacho Abogados tenemos la Sentencia en cuestión, 173/2011 de 7 de noviembre de 2011, “Inclusión en el ámbito del derecho a la intimidad de la información almacenada en un ordenador personal”. Tomamos el documento y los antecedentes de hecho, junto con su perspectiva jurídica.

“Derecho a la intimidad. Ámbito. Inclusión de la información almacenada por su titular en un ordenador personal. Inexistencia de intromisión ilegítima en el derecho de un condenado por distribución de pornografía infantil en cuyo ordenador se encontró casualmente material pedófilo. No se vulnera el derecho por la conducta de quien denunció los hechos, encargado de la tienda de informática a la que el condenado había llevado el ordenador para su reparación. Dicho encargado descubrió el material al acceder al azar a diversos archivos con el fin de comprobar, una vez reparado el ordenador, su correcto funcionamiento, estando amparada su actuación por la autorización expresa prestada por el recurrente para que accediese al ordenador con el fin de repararlo.

Tampoco vulneró el derecho la actuación policial al revisar el contenido del ordenador sin autorización judicial tras presentar el encargado la denuncia y hacer entrega del equipo informático. El proceder de la Policía perseguía un fin legítimo en cuanto se enmarcaba dentro de las investigaciones dirigidas al esclarecimiento de un delito de pornografía infantil, existe la habilitación legal necesaria para la realización de este tipo de pesquisas por parte de los agentes intervinientes, y se está ante uno de los supuestos excepcionados de la regla general de autorización judicial, pues la actuación policial era necesaria y la medida adoptada resultaba razonable en términos de proporcionalidad.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Desvirtuación mediante pruebas de cargo válidamente practicadas. VOTO PARTICULAR.”

Más información sobre este y otros casos y sentencias, en nuestro despacho de Abogados Internacionales.