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Artículos y Actualizaciones Legales

Cataluña y la reforma de la Constitución

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No hace mucho tiempo que escribíamos en estas mismas páginas un artículo en el que manteníamos la opinión de que la reforma de la constitución no era estrictamente necesaria. Sin embargo esta opinión ha ido cambiando a lo largo del tiempo teniendo en cuenta sobre todo la evolución de la crisis catalana. A todos los políticos se les llena la boca al decir que hay que dar una solución "política" al problema catalán pero nunca he oído soluciones concretas o detalles de lo que podría ser dicha solución política. Dado el inmovilismo en el que se ha sumergido la clase política independentista catalana creo que no hay más que dos soluciones: o bien se acepta la celebración de un referéndum o bien se procede al cambio de la Constitución de 1978. No se me escapan los enormes problemas que ambas soluciones conllevan y, sinceramente, al día de hoy no se cual de las dos pudiera ser la mejor.

La celebración de una consulta pactada entre los independentistas catalanes y el Estado español al amparo de lo previsto en el artículo 92 de la Constitución, necesitaría de una regulación prolija y muy detallista. Para empezar, la naturaleza del referéndum debería ser consultiva y no constitutiva o de resultado obligatorio para el Estado. Para continuar, las preguntas o el objeto de la consulta deberían ser también pactadas. Finalmente, el referéndum o consulta se celebraría en todo el territorio nacional puesto que de conocer la opinión de los ciudadans se trata. Indudablemente que los resultados obtenidos en Cataluña pueden ser individualizados al igual que ocurre en todas las votaciones organizadas en democracia. A los efectos de los resultados en Cataluña, sería preciso fijar de antemano un porcentaje de participación realmente representativo, muy lejos de las participaciones del 30% del electorado a que nos tienen acostumbrados en Cataluña. No debemos olvidar, al igual que con la aprobación del Estatuto catalán, que en la farsa de consulta montada por la Generalidad votó a favor de la independencia un 20% del electorado catalán. Éste porcentaje mínimo fijado de antemano sería el límite fijado en la Ley de consulta para entender que la voluntad expresada en la misma corresponde realmente a la "mayoría de los catalanes". No es de recibo considerar que la opinión de un 20 % del electorado corresponde a la de la sociedad catalana en su conjunto.

Me imagino que ninguna de estas condiciones serían aceptadas por los nacionalistas catalanes, pero ello daría pie a que el Estado haya mostrado su intención de negociar una solución política y con ello quitar argumentos a los intransigentes. Está claro que esta solución política no puede darse fuera de los parámetros constitucionales por lo que, de fracasar esta negociación, la única alternativa sería la modificación de la Constitución.

Esta solución es aún más complicada que la anterior porque supondría retocar todas las estructuras de Estado tal y como actualmente las conocemos. Sin perjuicio de que en artículos posteriores vayamos analizando y desgranando los diferentes aspectos de la Constitución que, a nuestro criterio, deben ser reformados, las modificaciones necesarias para afrontar el reto catalán podrían ser las siguientes:

  1. Resolver de una manera definitiva el problema de la educación en relación con la historia común que España tiene. Es indubitado que el germen nacionalista se ha creado en las escuelas a través de una tergiversación de la historia común, creando un "sentimiento" catalán basado en sensaciones más que en hechos. Este sentimiento se ha ido creando en la escuela desde la más tierna infancia y frente al mismo no se puede hacer prácticamente nada. Una persona se siente nacionalista o no en base a la educación recibida y a las "directrices" pedagógicas que pueda haber recibido. Este sentimiento es difícil que cambie en la edad adulta. De ahí que entienda que el primer problema a resolver en la crisis catalana sea el educativo mediante la "imposición" (digo bien imposición) en la Constitución de la obligación de crear una conciencia nacional neutral. Al mismo tiempo se podría aprovechar la ocasión para terminar de una vez por todas con los bandazos que estamos sufriendo desde la instauración de la democracia en las Leyes educativas según el color del Gobierno de turno.
  2. El segundo tema que yo abordaría en la reforma de la Constitución a los efectos de la crisis catalana, sería  el de los medios de comunicación y la "compra" de tales medios por parte del partido gobernante. A nadie se le puede escapar que, junto con la educación, el bombardeo constante y el lavado de cerebro de los medios  ha incrementado de forma notable el sentimiento nacionalista en Cataluña. Es increíble la uniformidad informativa de todos los medios escritos, hablados y televisados catalanes. Y esto sólo se consigue mediante la compra de tales medios con fondos públicos. Fondos que, paradójicamente, son sufragados por el resto de los españoles.
  3. El tercer tema importante que se debería de abordar a los efectos que estamos tratando en el presente artículo, sería el de la financiación. Pero no en el sentido que inicialmente ustedes pueden pensar sino en dotar de carácter "finalista" las contribuciones que el Estado realizara en Cataluña. Este carácter finalista significa que el Estado contribuyente controlaría la finalidad del dinero entregado de tal manera que no pudiera dedicarse a fines distintos de aquel para el que se efectúa la entrega. Tenemos ya precedentes como el del fondo de pago a proveedores, en el que la Hacienda Pública se hizo cargo, por cuenta de las administraciones morosas, de pagar a sus proveedores. Con esta medida el Estado se garantizaría que el dinero que constantemente traspasa a las arcas catalanas, no se utiliza precisamente en dinamitar al Estado traspasante.
  4. Deberían reforzarse los mecanismos de defensa de la propia Constitución reformada para no dar lugar a situaciones tan ridículas como la sucedida con el simulacro de consulta del 9-N. Estos mecanismos de defensa implicarían también tipos penales que supusieran pena de prisión para aquellos que ataquen directamente a la Constitución o no cumplan con sus normas.
  5. Una vez que se hubieran asegurado estos asuntos, para mí fundamentales a los efectos del independentismo catalán, se podría hacer una revisión de las competencias exclusivas del Estado y de las que corresponden a las CC. AA. que actualmente se regulan en los artículos 148 y 149 de la Constitución. En este apartado sí que creo que habría que hacer excepciones para contemplar las singularidads de Galicia, País Vasco y Cataluña que, por otra parte, son las únicas regiones singulares recogidas en la Constitución de 1978. Si los otros cuatros asuntos anteriormente mencionados quedan convenientemente regulados, entiendo que no habría problemas para ser generosos con estas Comunidades Autónomas (el apellido federal o autonómico es una cuestión meramente nominal).

Llegados a este punto parece que la única vía posible sería un pacto de Gobierno entre los principales Partidos Políticos (no sólo PP y PSOE) en el que, en primer lugar, se analizara la posibilidad de celebrar una consulta sobre el independentismo y, en segundo lugar y para el caso de que ello no fuera posible, se procediera a la reforma constitucional teniendo en cuenta los parámetros definidos anteriormente junto con otros muchos temas que habría que tocar (por ejemplo funcionamiento y competencias del Senado). Como verán ustedes la tarea que queda es titánica pero si no se acomete con carácter urgente nos PODEMOS encontrar con una próxima república bananera.