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Artículos y Actualizaciones Legales

La insoportable doble vara de medir

Hace ya tiempo que vengo denunciando en cuantos foros tengo la ocasión de participar, la doble vara de medir que utiliza la clase política. Por un lado obligan a los ciudadanos de manera coactiva a ejercer una completa transparencia de sus actos mientras que los partidos políticos, sindicatos, y otras formas de organización políticas carecen de las más mínimas reglas de transparencia y limpieza. Así, mientras que las Sociedades Mercantiles de todo tipo están obligadas a declarar todas sus actividades al fisco, a presentar cuentas anuales en el Registro Mercantil donde todo el mundo puede consultarlas, a someterse a las inspecciones fiscales que cada vez son más duras y exigentes; mientras que las personas físicas están también obligadas a declarar todas sus actividades comerciales y profesionales, a declarar todo su patrimonio y a someterse también a las correspondientes inspecciones fiscales, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sindicales, Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y demás organizaciones de corte político no sólo no están obligadas a presentar ningún tipo de declaración fiscal de sus actividades sino que resulta también imposible fiscalizar la aplicación que efectúan de los ingresos recaudados a los ciudadanos.

Es bochornoso leer las noticias que llegan del sindicato UGT de Andalucía y de la tibia reacción de la Junta de Andalucía. Tibia reacción que contrasta tremendamente con las exigencias y restricciones que se están imponiendo en el análisis y seguimiento de las subvenciones concedidas a empresas andaluzas que lo único que han hecho ha sido contribuir al desarrollo económico de la Comunidad.

Ya habíamos comentado en estas páginas el incremento de los llamados “expedientes de reintegro” por los cuales la Junta de Andalucía está solicitando la devolución de las subvenciones concedidas a empresas en base a argumentos realmente peregrinos. Poníamos el caso de que alguna empresa se le está exigiendo la devolución del importe subvencionado porque la acreditación de la inversión se había realizado mediante compensación de una factura (compensación formalizada ante Notario público con todos los requerimientos legales) y no mediante transferencia bancaria.

¿Se imaginan el escándalo que se montaría y la rápida actuación que tendría la Junta de Andalucía si una empresa privada, políticamente independiente, destinara el dinero de una subvención a montar una caseta de feria en vez de invertir en una piscifactoría por ejemplo? Y hablo de empresa privada políticamente independiente porque a las empresas privadas amigas del Gobierno andaluz normalmente no se ven sometidas a estas exigencias. Baste simplemente con analizar el caso de los ERE.

No hace falta tener mucha imaginación para hacerse una idea de las ingentes cantidades de dinero cuyo reintegro se debería solicitar a los sindicatos, tanto de clases como patronales, si se aplicaran criterios tan estrictos en el control de las subvenciones.

Tampoco hace falta mucha imaginación para pensar en los resultados que pueda tener una inspección fiscal, exigente y dura como se hace con el sector privado, a todas estas entidades. Seguro que la recaudación aumentaría de forma significativa.

Y mientras todo esto sucede a la vista, ciencia y paciencia de la ciudadanía, los políticos siguen con su teoría de aplicar a los demás lo que no se aplican a sí mismos. ¿Se imaginan ustedes los espectaculares resultados que podrían salir de una inspección fiscal rigurosa en los partidos políticos de representación parlamentaria?

El actual Gobierno se está jactando de su Ley de Transparencia pero está por ver, primero, la redacción final una vez que pase el trámite del Parlamento y, segundo, la aplicación práctica que se hace de la misma. Ya les anuncio que no me gustan nada las excepciones a la transparencia que aparecen en el borrador del proyecto de ley.