Babiano Abogados
170203-Babiano abogados-37.jpg

Blog

Artículos y Actualizaciones Legales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Bajo este nombre se conoce a un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, creado mediante la Ley Orgánica 6/2013 de 14 de noviembre, y cuyo fin es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria. Por si no recuerdan, el principio de estabilidad presupuestaria fue introducido en el artículo 135 de la Constitución a través de una de las modificaciones constitucionales más rápidas de la historia del mundo democrático. Además este artículo de la Constitución ha sido objeto de desarrollo mediante la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada a su vez por la Ley Orgánica 4/2012).

El principal objetivo de toda esta legislación es garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social, transmitiendo una idea de igualdad en las exigencias presupuestarias, de responsabilidad y de lealtad institucional entre todas las Administraciones Públicas.

Algunos de los principios generales establecidos son los siguientes:

  1. Todas las Administraciones Públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural. No obstante, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán presentar déficit estructural en las situaciones excepcionales tasadas en la Ley: Catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria, situaciones que deberán ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
  2.  El gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto. Esta regla se completa con el mandato de que cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, éstos no se destinen a financiar nuevos gastos, sino que los mayores ingresos se destinen a una menor apelación al endeudamiento.
  3.  Se fija el límite de deuda de las Administraciones Públicas, ya que no podrá superar el valor de referencia del 60 por ciento del Producto Interior Bruto establecido en la normativa europea, salvo en las mismas circunstancias excepcionales en que se puede presentar déficit estructural (véase el apartado 1).
  4.  Se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la Constitución, lo que constituye una garantía rotunda ante los inversores.
  5.  Por último, se contemplan los informes sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto. Se informará sobre el cumplimiento de los objetivos tanto en los proyectos de Presupuesto, como en los Presupuestos iniciales y en su ejecución. La verificación del cumplimiento en las fases previas a la ejecución permitirá una actuación preventiva en caso de riesgo y la adopción, si fuera necesario, de medidas de corrección.

Y precisamente, para velar por el cumplimiento de todas estas disposiciones legales es por lo que se crea La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Sus cometidos, expuestos de forma sumaria, serían los siguientes:

  • Antes del 15 de octubre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hará público, para general conocimiento, el informe elaborado sobre la adecuación a los objetivos de estabilidad, de deuda y a la regla de gasto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
  •  Antes del 1 de abril de cada año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas.

Aparte de ello se adoptan medidas preventivas automáticas de prevención con especial cuidado en la morosidad de pago a proveedores con especial atención a las Corporaciones Locales; estableciéndose que cuando el órgano interventor detecte que el período medio de pago de la Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta a la Administración que tenga atribuida la tutela financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la Corporación Local.

Junto a estas medidas automáticas “preventivas”, se contemplan en la ley también medidas “correctivas” y, finalmente, medidas “coercitivas” mediante la imposición forzosa de medidas de cumplimiento que pueden llegar hasta la disolución de los órganos de la Corporación Local. Para las medidas a tomar contra las Comunidades Autónomas será necesaria la decisión tomada por la mayoría absoluta del Senado.

Como puede verse es un intento serio y responsable de meter en cintura a todas las Administraciones derrochadoras que, en gran parte, han llevado al país a la situación en la que se encuentra (aeropuertos que ni han llegado a ser usados, edificios suntuosos declarados en ruina pocos años después de su inauguración, líneas aéreas para conectar pequeñas capitales de provincia con ciudades europeas, etc). Esperemos que la recién estrenada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sepa cumplir con los cometidos que le han sido asignados y entremos ya de una vez en la racionalidad del gasto público.