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Artículos y Actualizaciones Legales

La Reforma de la Ley de Sociedades de Capital

En el BOE del jueves 4 de diciembre de 2014 se publicó la ley 31/2014 de 3 de diciembre por la que se modifica la ley de sociedades de capital. Es imposible resumir en dos cuartillas el contenido tan denso de esta ley y más tratando de huir de complicaciones técnicas. Por tanto en estas líneas hacemos un simple resumen siguiendo la estructura sistemática de su Exposición de Motivos.

Las modificaciones que introduce esta ley van dirigidas a la Junta General de accionistas y a los administradores o Consejo de Administración.

Con respecto a la primera, se pretende reforzar su papel y fomentar su participación en la gestión de la sociedad. Se introduce la novedad de que la Junta puede impartir instrucciones a los administradores para la gestión y administración de la sociedad. También se amplían las competencias de la Junta reservando a su aprobación las operaciones societarias que por su relevancia puedan tener un efecto similar a una modificación estructural de la compañía.

Con especial incidencia en las sociedades cotizadas, se introducen modificaciones en la regulación de los derechos de la minoría rebajando el umbral necesario para que los accionistas puedan ejercer sus derechos hasta el 3% del capital social y se establece en 1.000 el número máximo de acciones que los estatutos pueden exigir para asistir a la Junta.

Dentro de este reforzamiento del papel de la Junta de accionistas en la gestión de la sociedad, se trata de garantizar que los accionistas se pronuncien de forma separada sobre diferentes puntos del Orden del Día esenciales para el buen funcionamiento de la compañía tales como el nombramiento, reelección o separación de administradores y modificaciones estatutarias.

Cuestión interesante es la introducción del “conflicto de intereses” en la emisión del voto por parte del accionista, prohibiendo el derecho de voto en los casos más graves de conflicto entre el interés del accionista y el de la sociedad y estableciendo una presunción de infracción del interés social en los casos en que el acuerdo haya sido adoptado con el voto determinante del socio incurso en el conflicto de interés. Esta prohibición del derecho de voto se da en los casos en los que se proponga autorizar al socio transmitir sus acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria; excluirle de la sociedad; liberarle de una obligación o concederle un derecho; facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera o dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad.

Se introducen modificaciones en la convocatoria y adopción de acuerdos con especial hincapié en la información previa a la reunión de la Junta y clarificando el cómputo de la mayoría necesaria para la válida adopción de un acuerdo. Se regula también el derecho de información del accionista previo a la reunión ampliando el plazo para el ejercicio de este derecho en las sociedades cotizadas.

Finalmente se retoca también el régimen de impugnación de acuerdos sociales estableciendo con carácter general un plazo de caducidad de un año para la anulación de los acuerdos. En el caso de las sociedades cotizadas el plazo de caducidad es extremadamente corto (tres meses) con objeto de que no se vea gravemente alterada la gestión de estas sociedades. La excepción lo constituyen los acuerdos contrarios al orden público que son imprescriptibles. Para el ejercicio de estas acciones de impugnación, que han dado lugar a muchos abusos en la práctica, es necesario reunir una participación del 1% para las sociedades no cotizadas y del 0,1% para las sociedades cotizadas.

Por lo que se refiere al Consejo de Administración la reforma va claramente encaminada a tratar de eliminar ciertos abusos que se dan en los órganos corporativos, sociedades cotizadas fundamentalmente, y a dotarlos de mayor transparencia.

Se pide que el Consejo realice efectivamente actividades de gestión y administración de la entidad estableciendo la obligación de los consejeros de asistir personalmente a las sesiones y obligando a que se reúna como mínimo una vez al trimestre con la finalidad de que mantengo una presencia constante en la vida de la sociedad. Además se garantiza que los consejeros recibirán con antelación suficiente la información necesaria para la toma de acuerdos.

Especial cuidado pone la ley en la composición del Consejo de las sociedades cotizadas estableciendo novedades en cuanto a la figura del Presidente ya que, por una parte, se regulan de forma expresa sus funciones y, por otra, se establece que cuando el Presidente tenga la condición de consejero ejecutivo, el Consejo de administración deberá nombrar necesariamente un consejero coordinador entre los consejeros independientes para que ejerza de contrapeso.

Se regulan también las funciones del Secretario del Consejo, se definen las distintas categorías de consejeros y se limita al periodo máximo de mandato que no debe de exceder de cuatro años (frente a los seis años que se establecían anteriormente).

La ley es especialmente cuidadosa y detallista en la remuneración de los administradores, manifestando con carácter general que el cargo de administrador es gratuito a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario, determinando estos estatutos el sistema de remuneración. Éste sistema remuneración puede ser una asignación fija; dietas de asistencia; participación en beneficios; retribución variable con indicaciones o parámetros generales de referencia; remuneración en acciones o vinculadas a su evolución; indemnizaciones por cese y sistemas de ahorro. Importante señalar que el importe máximo de la remuneración anual de todos los administradores deberá ser aprobado por la Junta General de la entidad y debe guardar en todo caso una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares del mercado de empresas comparables. Expresamente manifiesta la ley que los criterios de la retribución deberán incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.