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Artículos y Actualizaciones Legales

La responsabilidad del Abogado

Normalmente los abogados actuamos como promotores de la Justicia pero en algunas ocasiones somos objeto de la misma. Esta reflexión viene a colación de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Justicia al resolver una cuestión prejudicial que se había planteado por un tribunal lituano sobre el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE que regula las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. El supuesto de hecho sobre el que se ha producido la sentencia es el siguiente: la demandante firmó con un abogado tres contratos tipo de prestación de servicios jurídicos a título oneroso, a saber: i) un contrato para la defensa de sus intereses en un procedimiento de divorcio, de partición de bienes y de fijación del lugar de residencia de un menor; ii) un contrato para la defensa de sus intereses en un procedimiento de anulación de una operación financiera y iii) un contrato para la interposición de un recurso de apelación y la defensa de sus intereses en el procedimiento ante ese tribunal.

En tales contratos no se especificaron las modalidades de pago de los honorarios ni los plazos en que debían de pagarse y tampoco se determinaron los diferentes servicios jurídicos por lo que era exigible el pago y la valoración individualizada de cada servicio. El abogado presentó su minuta de honorarios por los trabajos realizados y la clienta no los abonó. Como consecuencia de ello el abogado acudió a un tribunal (en España sería el procedimiento conocido como “jura de cuentas”) para que emitiera un mandamiento de pago por la cantidad reclamada. El tribunal acepta la solicitud y emite el mandamiento de pago. La clienta recurre contra esta decisión en apelación cuyo recurso es desestimado. Contra la desestimación del recurso de apelación recurre en casación en la que plantea que no se ha tenido en cuenta su calidad de consumidor de modo que no interpretaron a su favor los contratos discutidos.

Ante esta alegación, el Tribunal de casación lituano plantea al Tribunal Europeo la siguiente cuestión: “si se considera necesario apreciar si un abogado que ejerce una profesión liberal puede ser calificado como «profesional» y si un contrato de servicios jurídicos concluido por un abogado con una persona física es un contrato de consumo, con todas las garantías inherentes para esa persona física”.

La decisión final del Tribunal europeo es que La  Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los contratos tipo de servicios jurídicos, como los que son objeto del asunto principal, concluidos por un abogado con una persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional.

Los argumentos son los siguientes:

  1. La idea que sustenta el sistema de protección es que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas.
  2. En los contratos de servicios jurídicos y en relación con las prestaciones ofrecidas por los abogados, existe en principio una desigualdad entre los «clientes-consumidores» y los abogados a causa, en especial, de la asimetría de la información de la que disponen esas partes. En efecto, los abogados tienen un alto nivel de competencias técnicas que los consumidores no poseen necesariamente, de modo que éstos pueden tener dificultades para apreciar la calidad de los servicios que se les prestan.
  3. Así pues, un abogado que presta en ejercicio de su actividad profesional un servicio a título oneroso a favor de una persona física que actúa para fines privados es un «profesional», en el sentido de la  Directiva 93/13. Por tanto, el contrato para la prestación de ese servicio está sujeto al régimen de esa Directiva.
  4. No puede desvirtuar esa apreciación el carácter público de la actividad de los abogados, dado que la  Directiva 93/13 abarca toda actividad profesional «ya sea pública o privada», y se aplica «también a las actividades profesionales de carácter público».
  5. Cuando un abogado decide utilizar en las relaciones contractuales con sus clientes las cláusulas tipo previamente redactadas por él mismo o por los órganos de su corporación profesional, esas cláusulas se integran directamente en los contratos por la voluntad de ese abogado.
  6. Así pues, en lo que atañe a los contratos sobre servicios jurídicos, corresponde al tribunal nacional considerar la naturaleza específica de esos servicios en su apreciación del carácter claro y comprensible de las cláusulas contractuales conforme a la  Directiva 93/13, y en caso de duda, debe dar a esas cláusulas la interpretación más favorable para el consumidor.

Aplicando esta sentencia al derecho español, nos encontramos con que en todos los Colegios de Abogados de España existen modelos de las llamadas “hojas de encargo” que solemos utilizar los profesionales en nuestras relaciones con los clientes. Estos modelos suelen ser muy básicos ya que, por una parte, el Código Civil regula con carácter general el contrato de arrendamiento de servicios y, por otra, existen unas normas orientadoras para que los abogados fijemos nuestros honorarios.

Entiendo que, para evitar problemas como los analizados en la anterior sentencia, los abogados deberíamos de especificar con carácter muy concreto el tipo de servicio jurídico que se va a prestar y el importe que se va a abonar por dicho servicio jurídico, estableciendo concretamente la forma y plazos de pago. El resto de los pactos a los que se puede llegar con el cliente pueden estar suficientemente regulados en la legislación civil.