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Los paraísos fiscales de nuevo

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No es la primera vez que hablo en esta columna de los llamados paraísos fiscales y de la hipocresía con la que tratan los gobiernos estos asuntos. Sin embargo, con la aparición de los llamados “papeles de Panamá” me veo obligado a repetir algunas de las observaciones y comentarios realizados en artículos anteriores. Como ya he comentado anteriormente la lista de paraísos fiscales viene establecida en el Real Decreto 180/1991 de 5 de julio renumerada por el Real Decreto 116/2003 de 31 de enero. En el número seis de esta lista consta la República de Chipre y en el número 22 la de Malta.

Es curioso que en la lista aparezca Malta cuando pertenece a la Unión Europea desde el año 2004 y que aparezca también la República de Panamá en el lugar 45 cuando existe un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal de fecha 7 de octubre de 2010; lo que significa que las autoridades fiscales no se toman muy en serio la actualización de esta relación. De todas maneras, después de la publicación del Real Decreto 116/2003 la relación se debería de actualizar reglamentariamente siempre que hubiera un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información.

Más claro a estos efectos es el Decreto Foral 188/2003 de 7 de octubre de la Diputación Foral de Vizcaya que ha eliminado de su lista particular de paraísos fiscales (copiada por otra parte de la del Estado) a las Repúblicas de Chipre y Malta manteniendo, al igual que la legislación estatal, a la República de Panamá.

Pero efectuada esta introducción, lo realmente grave es comprobar que todo país occidental tiene su propio paraíso fiscal hasta llegar al colmo de la más grande de las hipocresías: el mejor, más grande y más seguro paraíso fiscal del mundo se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica en los que estados como Delaware, Nevada, Wyoming o Dakota del Sur ofrecen a las grandes fortunas del mundo un refugio seguro con tal de que no sean residentes fiscales en el país americano.

Lo paradójico del caso es que todas las normas anti blanqueo que estamos conociendo y sufriendo en Europa han sido prácticamente “impuestas” por las autoridades norteamericanas de tal manera que los Estados Unidos tienen conocimiento de cuantas operaciones realizan sus ciudadanos o residentes en Europa pero, sin embargo, no existe la misma reciprocidad. Como ejemplo, el gobierno norteamericano aprobó una ley denominada FATCA que obliga a las entidades financieras a notificar las cuentas de sus ciudadanos depositadas en el extranjero y que fija fuertes multas en caso de incumplimiento. En esta misma línea, la OCDE elaboró unas normas incluso más severas para descubrir a los evasores fiscales y acordó aumentar medidas de control y transparencia para las cuentas bancarias depositadas en el exterior. ¿Saben qué países o territorios no han suscrito estas normas de la OCDE? Pues Bahréin, Nauru, Vanuatu y Estados Unidos.

La conclusión es clara: Estados Unidos obliga a todos los países del mundo a darle información sobre las cuentas de sus ciudadanos depositados en el extranjero pero se exime de dar información a los otros Estados sobre las cuentas de sus ciudadanos depositadas en Estados Unidos. La situación es tal que se está produciendo un flujo importantísimo de capitales desde los bancos suizos (refugio tradicional del dinero de los ricos) hacia estos Estados de Norteamérica.

Aparte de este ejemplo, el Reino Unido tiene bajo su control la mayor red de paraísos fiscales al igual que Holanda. Debido a su peculiar tributación, Austria podría también considerarse un paraíso fiscal en determinados aspectos. ¿Y qué decir de Irlanda? Por su parte, Alemania está en la novena posición del ranking mundial del secreto financiero pues protege los datos de los inversores extranjeros, los cuales  no tienen que pagar impuestos sobre los intereses.

Y para terminar ¿qué me dicen de España? Pues que tenemos también unos cuantos paraísos fiscales dentro de nuestro territorio nacional. No se puede calificar de otro modo la Hacienda Foral vasca o la navarra (que paradójicamente tiene su propio listado de paraísos fiscales como hemos visto anteriormente). En el mismo saco podemos meter a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla con sus regímenes fiscales tan especiales y tan favorables para los allí residentes. Fuera de estos territorios también existen diferencias tributarias entre las distintas autonomías de tal manera que un catalán o un andaluz paga más impuestos que un madrileño. Y eso sin hablar del impuesto de sucesiones prácticamente inexistente en algunas regiones.

¿Cómo podemos pues escandalizarnos con los llamados papeles de Panamá? Precisamente Panamá está en el catorceavo puesto de la lista de paraísos fiscales elaborado según la metodología de “The Tax Justice Network” por detrás de Estados Unidos (sexto lugar), Japón (octavo lugar), Alemania (noveno lugar) y Reino Unido (treceavo lugar). Sin embargo no está en la lista de paraísos fiscales elaborada por las autoridades españolas y ¿saben por qué? Pues porque las autoridades panameñas aplican el principio de reciprocidad de tal manera que consideran paraísos fiscales a aquellos países que les consideran a ellos como tales y según su legislación nacional los residentes en paraísos fiscales no pueden contratar obra pública. Esto era un problema enorme para las empresas españolas que querían licitar para las obras del canal. El único hueco legal que se encontró fue la de la firma del convenio al que ya nos hemos referido. Por tanto, una vez más los grandes principios son sacrificados en aras del vil metal. ¿Por qué pues nos rasgamos las vestiduras con los llamados papeles de Panamá?