Babiano Abogados
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Artículos y Actualizaciones Legales

Rumasa

Eran las cinco de la madrugada del 24 de febrero de 1983 cuando recibí una llamada del Director General (digamos que era el jefe de todos los Abogados del Estado) en mi domicilio particular. El recuerdo de que, justamente dos años antes, se había producido el asalto al Congreso de los Diputados, hizo que diera un salto de la cama y me despertara de inmediato. Al aparato estaba el propio Director General en persona quien, con una voz nerviosa y notoriamente cansada, me dio instrucciones de personarme inmediatamente en la Delegación de Hacienda de Jerez de la Frontera. Aunque le pregunté repetidas veces el motivo de dicha llamada y de la urgente personación, no me dio detalle alguno sino que me repetía una y otra vez que me fuera directamente al teletipo que teníamos en la Abogacía del Estado en dicha Delegación, que leyera detenidamente lo que se estaba transmitiendo y que me fuera con el contenido de lo transmitido a la oficina del Delegado de Hacienda. Aquel día estaba yo durmiendo en Algeciras porque atendía una comisión de servicio en esta ciudad y tardé un par de horas en llegar a la Delegación. A aquellas horas (siete de la mañana) la Delegación parecía una feria. Vehículos oficiales de la Guardia Civil, Policía Nacional, Aduanas, etc. estaban aparcados de manera no muy ordenada en  la entrada del edificio que se encontraba completamente iluminado aunque los funcionarios no habían llegado aún. El escenario no hizo más que aumentar mi alarma.

Siguiendo las instrucciones recibidas, entré en mi solitario despacho de la Abogacía del Estado y me dirigí a la sala del teletipo. Rápidamente me di cuenta de dos cosas: que no se podía entrar en la sala porque el rollo de papel que salía del teletipo estaba por los suelos como una serpiente gigante y que al aparato se le había acabado el papel. Intenté ordenar sin mucho éxito el inmenso papiro donde se suponía que aparecían las instrucciones por lo que solicité el auxilio de varios guardias civiles que cumplieron su cometido con una gran eficacia. Ello me permitió también poner papel en el teletipo que siguió escupiendo más información.

Lo que aquel inmenso rollo de papel estaba transmitiendo era el texto del Decreto Ley 2/1983 de 23 de febrero, de expropiación, por razones de utilidad pública e interés social, de los Bancos y otras Sociedades que componen el grupo «Rumasa SA. Mientras los guardias civiles seguían tratando de ordenar lo que salía por aquel loco aparato, me trasladé al despacho del Delegado donde se encontraban reunidas todas las autoridades. Allí me informan que se ha procedido a la expropiación; que he sido nombrado Administrador del Estado de las sociedades del grupo Rumasa domiciliadas en Jerez y que debía ponerles al corriente del contenido del Decreto Ley para saber cómo proceder.

El Decreto era corto y conciso pues, después de declarar la expropiación forzosa de una serie de sociedades que se relacionaban en un anexo, establecía que el Estado tomaría posesión inmediata de tales sociedades y que quedaban en suspenso todas las facultades de administración y disposición de los órganos sociales de las entidades expropiadas.

Es en este momento cuando comienza una experiencia inolvidable para un joven Abogado del Estado de 28 años; el declive de las empresas del grupo Rumasa y el calvario personal de su fundador José María Ruíz Mateos.

Dado que el teletipo no terminaba de transmitir más información, rectificando errores del Decreto y ampliando la lista de sociedades expropiadas, la real ocupación e intervención de la matriz jerezana no pudo realizarse hasta la una de la tarde. Para esa hora todas las personas interesadas sabían lo que estaba pasando y las caras que encontré cuando entré en las instalaciones acompañado de la fuerza pública, eran de auténtico terror ante la incertidumbre de lo que iba a pasar.

A partir de ahí, la historia es conocida aunque mi cargo de Administrador no pasó del año. Sin embargo participé de historias muy humanas que probablemente nunca serán contadas. Entre ellas viene a mi recuerdo una solicitud para seguir realizando transferencias a la madre de José María Ruíz Mateos con el objeto de que siempre hubiera una cantidad mínima en su cuenta corriente. También recuerdo otra solicitud para autorizar la entrada de contrabando en Venezuela de dos contenedores de un conocido brandy.

Podría seguir contando las experiencias de ese año pero la limitación del espacio me obliga a ser parco. Únicamente quiero realizar algunos comentarios sobre mi visión jurídica de lo acontecido.

Desde mi punto de vista, la expropiación singular llevada a cabo fue simple y llanamente una aberración jurídica hasta el punto de que el Tribunal Constitucional tuvo que acudir al voto de calidad de su Presidente para dirimir el empate que existía. Cabe recordar que este mismo Presidente renunció a su cargo después de dictar la sentencia y se fue de España muriendo poco tiempo después, pienso yo, de asco y de pena. Posteriormente los tribunales europeos dictaminaron la injusticia de la expropiación llevada a cabo aunque Ruíz Mateos no cobró ningún tipo de indemnización.

Informé en su momento, y sigo pensando lo mismo ahora, que hubiera bastado con la intervención de los bancos del grupo para controlar los peligros que el mismo representaba. El grupo Rumasa sin los bancos no aguantaba ni una semana. La intervención era un mecanismo de control perfectamente normal y tradicionalmente regulado en nuestro sistema jurídico que no hubiera hecho rechinar ninguna conciencia. Controlando los bancos se controlaba todo el grupo. Y controlando los bancos, el Gobierno hubiera podido conocer la situación real de las sociedades y adoptar medidas más razonables y congruentes con la situación existente.

Ha muerto el fundador del grupo Rumasa, descanse en paz.